LA EDUCACIÓN EN MÉXICO
Yo Lector 06-Oct-2008

Señor director:
El primero de octubre, Carlos Ornelas publicó el artículo Dudas y Castillos en el Aire, en el que se refiere a mi interés por impulsar reformas a la Ley General de Educación, de modo que quienes tienen la potestad de los escolares cuenten con un recurso que les permita hacer valer sus derechos y los de sus hijos. Todo ello de cara a una eventual falta del Estado y sus funcionarios.
Con su atinado juicio, el doctor Ornelas pone el dedo en la llaga: no se trata de hacer más leyes, sino de aplicar las que hay. Ciertamente debemos ir más allá de un problema jurídico.
Se trata de modificar los supuestos pedagógicos sobre los que se erige el sistema educativo, en los que padres de familia e hijos, a quienes aquí sí, por ley, se obliga a cursar la educación básica, están imposibilitados para orientar el proceso educativo en el que participan sus tutelados. Se les confiere la obligación de aportar recursos por las festividades escolares, la reparación de muebles o inmuebles, la adquisición de uniformes y a veces para la compra de material didáctico.
En teoría, toda educación se encuentra cimentada en la activa participación de alumnos, maestros y padres de familia, al menos en el marco que define la escuela. Pero en México esa relación se sustituye por la que mantienen el Estado y sus empleados, los maestros. Entre otras cosas, la Alianza por la Calidad de la Educación, a pesar de sus buenos propósitos, no puede operar porque excluye a los padres de los niños que van a la escuela y reduce así la relación pedagógica a un pacto entre burócratas.
Habrá que ver si las instancias con las que nuestra Ley General de Educación buscó suplir la participación directa de los interesados, creando los Consejos de Participación Social, son útiles, no para buscar apoyos materiales, desde luego necesarios, sino con el fin de orientar un proceso educativo que cada vez responde menos a los intereses de sus supuestos beneficiarios.
La situación difícil por la que atraviesa la educación, agravada por un sindicalismo que no se compromete como se esperaría de un profesional de la educación que vela por los intereses de una burocracia fortalecida por la debilidad manifiesta de nuestras autoridades, se ve hoy acrecentada por el escándalo financiero de EU y corre el riesgo de ver reducido su presupuesto.
Si lo más probable es que en educación los recursos se vean limitados, sólo queda apelar a
que maestros, alumnos y padres de familia, de común acuerdo, aprovechen mejor lo que les brinde el Estado, pero entonces la pregunta que parece pertinente es: ¿Cómo dotar a los padres de familia de aquello que los fortalezca de atribuciones para no ser un cero a la izquierda en esta difícil tarea de educar a México?
Quizá mi amigo tenga razón, tal vez no se requiera ningún cambio en la Ley General de Educación, pero entonces esperar a que las autoridades apliquen la ley no me parece una alternativa, sobre todo ahora, que somos una sociedad que desea más participación.
Agradezco a Carlos Ornelas que haya puesto el tema a discusión. No fue mi intención convencerlo de que tengo razón, sino poner de relieve nuestras diferencias, que considero la mejor manera de lograr coincidencias.
Por cierto, leí su reciente libro, una magnífica contribución para comprender lo que sucede con la escuela y las políticas educativas en México.
Samael Hernández Ruiz, Investigador