El 15 de mayo, jornada consagrada al festejo del magisterio, se firmó la Alianza por la calidad de la educación. La alianza fue firmada por el gobierno federal y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Felipe Calderón Hinojosa y Josefina Vázquez Mota representaron a la federación y, por el gremio magisterial, lo hizo la presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo.Testigos de honor de la alianza fueron algunas organizaciones recientes de la sociedad civil, gobernadores de los tres partidos hegemónicos, autoridades eclesiásticas, rectores universitarios, secretarios de Estado, legisladores y asociaciones nacionales de padres de familia. Una reunión de la clase política. En esta reunión no figuraron, como en la firma del Compromiso social por la educación (2002), ni los más ricos de México ni los concesionarios de la televisión comercial o la prensa nacional. Nuestra alianza, dijo la máxima autoridad del SNTE, es el principio de “una revolución educativa” Y para darle sentido a la veracidad de sus palabras añadió: ¨Nos comprometemos a que quienes presten el servicio educativo sean los mejores, seleccionados por examen de oposición, no privilegios de las burocracias de la SEP ni de corruptelas en mi propia organización.”
La educación básica de México: lejos del debate de la esfera pública
Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación inició un proceso de transformación extra-institucional muy singular. De ser el titular único del contrato colectivo de trabajo del magisterio nacional pasó a la administración de los recursos económicos y humanos de una parte estratégica de los poderes públicos del Estado mexicano. Un proceso político inédito que vale la pena observar y seguir con atención. Dada la distribución de la autoridad educativa del actual gobierno federal es posible afirmar que fácticamente la subsecretaría de educación básica es ahora uno de los engranajes del funcionamiento y legitimidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación: el titular de la dependencia es el yerno del Elba Esther Gordillo. De esa manera, el interés general que en materia educativa corresponde exclusivamente definir y fijar al Estado, se transfiere en los hechos en un interés particular de corte gremial. Y el poder no es menor. La subsecretaría de educación básica es -vale la pena tenerlo presente- tanto por el presupuesto ejercido anualmente como por los 26 millones y medio de mexicanos que se encuentran bajo su ámbito de influencia (INEE, 2007), una pieza clave del poder político y económico nacional.
Sin embargo, el SNTE no se conformó con la cesión de esa enorme parcela del poder público. La carencia de un proyecto educativo nacional de Felipe Calderón Hinojosa, junto al absoluto desconocimiento de los procesos educativos de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, muy pronto le abrió las puertas al sindicato para atacar frontal y públicamente a la responsable de la marcha de la educación de México. Dio inicio entonces un forcejo entre las dos mujeres más poderosas de la educación pública. La firma de la Alianza por la calidad educativa puede ser leída como el desenlace de esa tensión política; es decir, hablamos de que la inclinación del fiel de la balanza, que en el sistema político nacional es representado por el Presidente de la república, fue en favor de sus aliados electorales: los profesores afiliados al SNTE. Pero el asunto de fondo, el más importante desde nuestra perspectiva, es que no se trató tan sólo de una decisión entre dos factores de poder, sino una verdadera inversión extrainstitucional y metaconstitucional de las funciones del Estado. En síntesis, en delante las políticas públicas para el ámbito educativo serán dictadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
De cualquier manera, para la sociedad civil de México interesada en el destino de la educación pública el desplazamiento del centro de decisión no trae consigo mejores augurios, pues si la tradición política restringía el debate sobre la educación, con argumentos técnicos, estrictamente al ámbito estatal, ahora el espacio de comunicación política será más restringido. La educación nacional que, desde una perspectiva democrática, debiera ocurrir en los terrenos de la esfera pública, con una mayor participación de la sociedad civil, será monopolizada por el sindicalismo oficial. Muy lejos aún de dar paso a una efectiva institucionalización de la participación social en los temas prioritarios de la educación pública. La sociedad civil mexicana mantiene clausurada, para decirlo desde el pensamiento de Jürgen Habermas, la esfera pública como espacio de deliberación democrática.
Los dominios estéticos y morales de la educación pública se encuentran férreamente privatizados. En ese escenario los actores autónomos y reflexivos, que cuestionan las formas corporativas y convencionales de consenso, como son los Organismos de la Sociedad Civil, son vistos con sospecha por los poderes públicos, pues representan la modernidad cultural que potencializa las energías necesarias para la emergencia de una sociedad civil más participativa.
En este punto resulta significativo recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene su propio partido político que se llama, en extraña coincidencia con la firma del pasado 15 de mayo, Partido Nueva Alianza. La Alianza por la calidad de la educación reconoce como objetivo central el de propiciar una enorme movilización social en torno a la educación. Según su propio discurso se trata de promover la participación de los actores educativos vigilando y reclamando el cumplimiento puntual de las promesas de los actores políticos, quienes, a su vez, y con el propósito de construir un federalismo efectivo, deben asumir, como representantes de los poderes públicos, “compromisos explícitos, claros y precisos”. La pregunta salta inevitable: ¿Quién puede ser el beneficiario político directo de una movilización por la educación? ¿Qué tipo de movilización es dado esperar del sindicato oficial del magisterio?
Si partimos de la memoria histórica de finales del siglo XX, en especial de los países del llamado socialismo realmente existente, sabremos que la ampliación del horizonte de libertades civiles y políticas de la ciudadanía es ácido disolvente para las formas corporativas y clientelares del poder político. Así pues, habría que ser muy ingenuos para pensar que la convocatoria a la movilización social o, bien -como se propone explícitamente la Alianza por la calidad de la educación-, que la conformación de consejos escolares de participación social en todas las escuelas de educación básica (217 mil 561 para el ciclo escolar 2006-2007) o los exámenes de oposición para las plazas de nueva creación y los puestos de las autoridades educativas ocurrirán a través de organismos independientes de evaluación y conforme a pautas liberalizadas y democráticas. El partido de Elba Esther Gordillo no apostará su capital político en riesgosas y aventuradas experiencias democráticas para el magisterio; por el contrario, es más factible esperar el endurecimiento del control gremial. De igual manera, las iniciativas de la sociedad civil en materia educativa podrían ser objeto, en el futuro inmediato, de una intensiva campaña de cooptación o, en caso de resistencia, persecución y asfixia, para lograr que el Panal se convierta en el único y exclusivo vehículo de transmisión de las demandas educativas de la sociedad civil organizada de México.
La profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas
Son cinco los ejes temáticos contenidos en la Alianza por la calidad de la educación a saber: a) modernizar los centros escolares; b) profesionalizar a los profesores y a las autoridades educativas; c) promover el bienestar y desarrollo integral de los alumnos; d) formación integral para la vida y el trabajo y, por último pero no al último, e) evaluar mejor. En nuestra opinión el punto referido a la profesionalización de los profesores y autoridades educativas es el que más intensamente se vincula al desarrollo de la calidad educativa. Veamos.
El propósito central del sistema educativo nacional es que los estudiantes alcancen, en los tiempos previstos, los aprendizajes necesarios para desarrollar habilidades y capacidades que amplíen sus horizontes de libertad y que transformen sus funcionamientos individuales y colectivos en la búsqueda de una mejor existencia, que no necesariamente y siempre está relacionada exclusivamente con la obtención de muy altos ingresos –lo necesario para llevar una vida digna podría ser suficiente. Sin embargo, para el logro de ese minimun es indispensable que todos los educandos accedan y permanezcan en procesos educativos de calidad que, como es evidente, resultan impensables en ausencia de una cultura magisterial con formación académica sistemática y permanente. Durante el sexenio foxista, y como parte del Programa Nacional de Educación 2001-2006, se creó el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio y cuyos objetivos eran: “Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del Artículo 3ero Constitucional y la Ley General de la Constitucional…(que) promoverá la puesta al día o la adquisición del conjunto de saberes profesionales necesarios para enseñar …los conocimientos sobre los contenidos, las disciplinas, los enfoques y los métodos de enseñanza, las habilidades didácticas y el desarrollo de valores y las actitudes que propicien una labor docente o directiva enfocada en el aprendizaje y la formación de los alumnos…”
El programa pretendía igualmente fortalecer en cada entidad federativa las condiciones técnicas, normativas, materiales y financieras, para la prestación de servicios de formación continua para los profesores de educación básica.
Al tiempo presente sabemos, por ejemplo, que el sistema educativo continúa estructurando muy desigualmente las oportunidades de aprendizaje, pues prevalecen pautas de distribución del personal docente que destinan los recursos humanos menos capacitados a las zonas escolares habitadas por los estratos poblacionales menos favorecidos. De igual manera, el principal programa de incentivos para la formación de los docentes, que es Carrera Magisterial, presenta el mismo comportamiento para el ciclo escolar 2006-2007 (INEE, 2007); esto es, mientras los profesores de las escuelas primarias urbanas públicas participan de él en un 60.8% los rurales lo hacen en un 43.2% y sólo un 39.3% de los profesores de educación indígena están en sus filas. En el rubro de Experiencia y dominio de la profesión docente, indicador del INEE 2007, los resultados tampoco son muy diferentes para las escuelas primarias. Pues si resulta cierto el supuesto de que es a partir del quinto año que los profesores dominan las estrategias pedagógicas relacionadas con los intereses y las habilidades de los alumnos tenemos que en las primarias urbanas públicas un 53.7% de los docentes tienen más de seis años de experiencia, mientras en las escuelas rurales es el 48.5% y en las indígenas sólo el 43% alcanza esa experiencia en las aulas.
A partir del 2007 el INEE publicó un indicador que está relacionado con las satisfacción del trabajo en el aula y, como era de esperarse, la tendencia fue la misma que la anterior. Mientras en las escuelas urbanas públicas sólo un 16.5% expresó sentirse muy insatisfecho en las indígenas lo hizo el 34.1% y en las comunitarias el 43.0% y en las privadas, por contraste, sólo un 9% se encontraba en ese rango. Las condiciones materiales de trabajo en el aula explican en buena medida estas tendencias. Finalmente, los directores de primaria con mayor formación académica siguen las mismas pautas inequitativas de distribución. Los mejores en la ciudad.
Con este paisaje de fondo la nueva alianza Calderón-Gordillo pactó el desplazamiento del programa de Carrera Magisterial. Una de las ideas centrales es menguar el peso que la antigüedad tiene en la evaluación de los docentes para la distribución de los incentivos del programa. Pero lo más relevante es que en lugar de Carrera Magisterial se creará el Programa de Estímulos a la Calidad Docente. El propósito es distribuir los estímulos económicos “en función de los resultados académicos de los alumnos”. Al respecto algunos especialistas han observado que al distribuir los estímulos a los docentes con base en el aumento que éstos logren, de un año a otro, en los puntajes que sus estudiantes alcancen en la prueba “Excale”, será indispensable estratificar socio-académicamente a los alumnos, para que todos los maestros compitan en las mismas circunstancias. Si esto no se hiciera, sólo se premiaría a quienes trabajen en los ambientes más favorables para el aprendizaje, en detrimento de los docentes que desempeñen su profesión en ambientes socioeconómica y culturalmente adversos. Además de profundizar la injusticia, el nuevo programa repercutiría negativamente en la motivación de esos docentes para mejorar los resultados de sus alumnos.
Concursos de oposición para las nuevas plazas docentes y directivas
La demanda social de que las plazas vacantes y las de nueva creación, tanto para profesores como para puestos educativos con funciones directivas, sean ocupadas a través de un concurso nacional público evaluado por un organismo verdaderamente independiente e imparcial es apremiante. Desde todos los miradores imaginables, desde la cima y desde el valle, el paisaje que se observa es el mismo. La dominación patrimonial y la tradición corporativa son las formas casi exclusivas de ascenso en la carrera magisterial. Una ética pragmática domina las decisiones que debieran ser puramente técnicas. De esa manera, los criterios políticos suelen aplastar los de carácter académico en la distribución de la autoridad educativa.
Si se trata de reinventar “los procesos y procedimientos ya existentes” habría que pensar primero, por ejemplo, en una evaluación rigurosa e independiente de los conocimientos y capacidades de las autoridades educativas de los estados, desde los secretarios, subsecretarios y directores de departamento, hasta los responsables del uso y destino de los recursos financieros para la educación pública. El estado de Puebla podría iluminar hasta el deslumbramiento la premisa de que para ser alto funcionario de la educación pública basta y sobra con saber repartir coscorrones. Así las cosas, por un examen exhaustivo de conocimientos y capacidades pedagógicas a las autoridades estatales de la educación pública podría empezar a construirse la credibilidad democratizadora de la nueva alianza entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la administración de Felipe Calderón y los gobiernos locales.
De otra manera, en los hechos, sólo resultan responsables los profesores y las escuelas por los malos resultados del sistema educativo nacional, mientras los altos jefes de la educación local continúan sirviéndose con la cuchara grande del presupuesto educativo sin rendir cuentas a la sociedad de sus actos, en ocasiones aberrantemente corruptos. En ese tenor, y con la historia del magisterio al lado, resulta de capital importancia conocer cómo habrá de constituirse y cómo habrá de funcionar el organismo de evaluación independiente, con carácter federal, que se encargará de dictaminar los exámenes de oposición que realice el profesorado. De lo contrario, mecanismos extrainstitucionales, como los que ya empiezan a emerger en la figura de los nombramientos firmados con fechas anteriores a la firma de la alianza, serán de nuevo los canales predominantes para el empleo de los docentes. Más de lo mismo.
Una visión instrumental de la calidad educativa
La Alianza por la calidad de la educación –aunque jamás se precisa en el documento cuál es la visión de la calidad educativa- insiste reiteradamente en poner el acento casi exclusivamente en la medición de los niveles de aprovechamiento y aprendizaje de los estudiantes del sistema educativo nacional. Más aún, la lógica de estímulos, premios, promociones y reconocimientos a los docentes y autoridades educativas se encuentran unívocamente relacionados con los resultados que los estudiantes obtengan en matemáticas, español, ciencias, historia y formación cívica y ética. Se trata entonces, en nuestra opinión, de una perspectiva instrumental de la educación que limita la calidad de la misma a los ámbitos cognitivos sujetos a evaluación. La lógica de esa propuesta reproduce y pudiera incluso profundizar las brechas de desigualdad económica y material que distinguen al sistema general de educación del sistema indígena o comunitario. Es bien sabido, por los resultados de la prueba ENLACE, por los indicadores derivados de los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) y por los del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA), que existe una regularidad casi natural en los aprovechamientos, en los aprendizajes de los educandos de las instituciones públicas: la curva va siempre en sentido descendente de la ciudad al campo, y del ámbito rural a las comunidades indígenas. Si los salarios docentes quedan indexados en alto porcentaje al aprovechamiento escolar de los alumnos entonces no resultará muy complicado desentrañar dónde se concentrarán, de nuevo, y como siempre, los estímulos y reconocimientos al mérito individual de los profesores. No se trata de que los actores educativos evadan sus responsabilidades, pero esa idea de calidad resulta muy fría en un sistema educativo que está urgido por todas partes de calidez humana. Son muchas y variadas las críticas que esa visión simplificadora de la calidad educativa despierta entre los estudiosos del tema: en particular porque se ignora, o se mira con indiferencia, la diversidad de mundos de vida, de sueños y aspiraciones culturales. Pero si la propuesta es vivir mejor, quizá convenga preguntar, por ejemplo, ¿qué forma de vida eligen los estudiantes, los profesores y los padres de familia en los centros escolares?, ¿qué necesitan saber para enfrentar las necesidades sociales de su entorno inmediato?, ¿cómo aspiran a ser y a convivir?, ¿cuál debe ser la segunda lengua del curriculum si se considera, para el caso de la población indígena, que el español ya es otro idioma?, ¿cómo se puede promover la interculturalidad bilingüe si, al mismo tiempo, los niños están obligados curricularmete a aprender inglés antes que español o náhuatl o maya o totonaku o cualquiera que sea su lengua materna?
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concibe al desarrollo humano “como un proceso continuo de ampliación de las capacidades y opciones de las personas para que puedan llevar a cabo el proyecto de vida que, por distintas razones, valoren.” Si se trata de construir una estrategia gubernamental para vivir mejor, como explícitamente declara el gobierno de Felipe Calderón, es necesario situar en el centro de la calidad educativa la adquisición de habilidades y capacidades que permitan a los actores educativos configurar una vida considerada ideal por ellos mismos. Por todo lo anterior, el sentido de la calidad de la educación que la Alianza adopta debiera considerar, entre otras dimensiones, la evaluación de los ambientes escolares que experimentan los educandos, pues el clima en el aula, en la escuela y en el sistema, la satisfacción de los profesores con sus directivos y con sus compañeros, con las condiciones del trabajo áulico se encuentran intensamente relacionados con el logro de los aprendizajes propuestos. Un clima abierto, una dirección colegiada y de respeto a la autonomía, responsabilidades y capacidades de los docentes puede ser una de las vías más cortas para elevar la calidad educativa. Y en eso mucho puede aportar la conformación y funcionamiento efectivos de los consejos escolares de participación social y, desde luego, la democratización de las formas tradicionales de control corporativo.
Modernizar los centros escolares: claros compromisos presupuestales
El sentido de modernización que la Alianza para la calidad de la educación propone, en consonancia con su visión de la calidad educativa, es también profundamente instrumental y pragmático, Muy vago con sus compromisos en el tiempo y totalmente opaco en los presupuestos que demandan tales rehabilitaciones y equipamientos. En su estadística aspiran a rehabilitar 27 mil planteles. Los indicadores construidos y publicadas en el libro Prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora en primaria (INEE:2007:116-120) revelan de manera muy rápida los desafíos económicos que representaría una política modernizadora de las condiciones escolares para apoyar los aprendizajes y para la puesta al día de la infraestructura básica mínima para realizar normalmente el acto educativo. De las condiciones escolares sabemos que menos de un 10% de las escuelas indígenas y comunitarias cuentan con biblioteca escolar, el 90% de las primarias indígenas no cuenta con equipo para reproducir materiales didácticos (fotocopiadora, mimeógrafo, duplicadora, etc.); sólo el 9% de los planteles de educación primaria indígena tienen televisión y en la educación comunitaria carecen de esta herramienta el 95%.; por otra parte, el uso de los DVD didácticos sólo existe en el 12% de las escuelas indígenas que son las que cuentan con videocasetera y en las comunitarias sólo 1.4% tiene esa indispensable herramienta pedagógica.
En lo que respecta a las condiciones básicas de infraestructura destaca el triste hecho de que el 50% de las primarias indígenas se gotean cuando llueve y un 15% se inunda, aunque las escuelas comunitarias se anegan en un 19% de ellas; El 56% de las primarias indígenas presenta cuarteaduras en las paredes y en los techos y un 58% tiene ventanas sin vidrios o de plano están rotos. Finalmente, pero no al último, el 37% de los planteles tiene letrinas y en un 17% no hay siquiera el servicio de sanitario. Una escuela digna y segura, como la que se pretende con la Alianza por la calidad educatival, debe considerar estos datos duros como punto de partida para sus acciones modernizadoras. Para el ciclo escolar 2006-2007 el número de escuelas primarias indígenas y comunitarias era de 21 mil 221escuelas. Las escuelas indígenas que atienden el nivel preescolar y los cursos comunitarios del nivel sumaban 27 mil centros educativos y las telesecundarias, la mayoría de ellas ubicados en zonas rurales y en comunidades indígenas, alcanzaban 16 mil 938 escuelas. En suma, hablamos de 65 mil 234 planteles de educación básica que requieren algún tipo de atención intensiva y urgente, pues en ellos estudian cerca de tres millones de niños y niñas en condiciones indignas y con poca capacidad para garantizar la salud y, sobre todo, mejores aprovechamientos escolares. Ojalá las metas de la Alianza pudieran ser más claras en la planeación del tiempo programado para convertir a estas escuelas en espacios dignos de ser vividos. De lo contrario, tanto los profesores como los alumnos encontrarán muy poco estimulante la creación de jornadas escolares de tiempo completo o en horario discontinuo o los fines de semana para la educación comunitaria. Los seres humanos huimos por instinto natural de los riesgos y el displacer.
Por todo lo anterior, creemos que la Alianza debe tener claro los porcentajes del Producto Interno Bruto que la Secretaría de Educación Pública necesita ejercer anualmente para cumplir, en un plazo concreto, con esas ambiciosas metas que garanticen mínimamente el derecho a una educación pública de calidad para todos los mexicanos. Los propios protagonistas, ocioso es recordarlo, necesitan integrarse a la cultura de la transparencia y a la rendición de cuentas.
A modo de conclusión
La memoria histórica de México no puede olvidar que el 8 de agosto del 2002, con una convocatoria que reunió a los seres humanos más poderosos del interés económico, político, eclesiástico y mediático del país, se firmó el “Compromiso social por la educación”. El esperanzador pacto lo encabezaron Vicente Fox Quezada, presidente de México, y la misma Elba Esther Gordillo, líder moral del SNTE. La organización gremial se comprometió a principios del sexenio anterior a “impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio, a fomentar la innovación de la comunidad educativas e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes se lleven a cabo por medio de concursos de oposición”. Por su parte, Vicente Fox se comprometió, entre otras cosas, a incrementar gradualmente el gasto público en educación hasta alcanzar el 8 por ciento del PIB –tal y como lo establece el reformado artículo 25 de la Ley General de Educación (reforma legislativa de noviembre del 2002).
Ninguno de los actores cumplió las promesas selladas por aquel pacto. Y, por el contrario, fácilmente se pueden documentar políticas restrictivas en el gasto educativo y el endurecimiento del control corporativo del SNTE sobre sus afiliados: el único titular de las relaciones laborales reconocido por el anterior y el actual gobierno de México es el SNTE. Si la historia se repite dos veces y una vez se presenta como tragedia y la otra como comedia, en nuestro confuso escenario educativo nos va a resultar muy difícil a los mexicanos distinguir las voces de la una y de la otra. En este mar de confusión algunas dudas saltan a la playa: ¿El poder ejecutivo cede sus facultades y atribuciones legales en materia educativa al SNTE? ¿Los ejes y acciones derivados de la firma de la nueva alianza estarán por encima, al margen o en sintonía con la normatividad constitucional y la Ley General de Educación vigente? ¿Los directivos y autoridades de la educación serán igualmente sometidos a una rigurosa evaluación de conocimientos y habilidades? ¿El Centro de Certificación de Competencias Profesionales anunciado no resultará será en los hechos una carga burocrática ornamental para el sistema educativo? ¿Cómo se integrará el Plan sectorial con la nueva alianza educativa? ¿Cómo se resolverá la tensión entre Carrera Magisterial y el publicitado Programa de Estímulos a la Calidad Docente? ¿Cómo serán incentivados los profesores de educación artística y educación física que fueron expulsados del arca de la nueva alianza?
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